El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva por la presunta violación de varios artÃculos de la Constitución de la República y el Código Penal Dominicano mientras realizaban un allanamiento a una barberÃa de Villa Vásquez.
La ProcuradurÃa General de la República (PGR), informó que fue fijada para el próximo lunes la audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción a la exfiscal y cuatro agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), acusados de cometer irregularidades en un allanamiento realizado el pasado 2 de agosto en una barberÃa del municipio de Villa Vásquez, en la provincia Montecristi.
La medida de coerción será conocida por el Juzgado de la Instrucción de Montecristi este lunes 19 de agosto a las 10:00 de la mañana contra la exfiscal Carmen Lisset Núñez Peña, el mayor de la PolicÃa VÃctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia MartÃnez, y los cabos de la PolicÃa y la Fuerza Aérea Dominicana Adan Mauricio RodrÃguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, respectivamente.
El Ministerio Público solicita en su contra la imposición de un año de prisión preventiva por la presunta violación de los artÃculos 38, 42, 44, 169 párrafo I, 255 de la Constitución de la República, que tipifican la violación al derecho de la dignidad humana, respeto a la integridad psÃquica y moral, honor personal, asà como de violar los artÃculos 114, 123, 166, 184, 265 y 266 del Código Penal Dominicano que tipifican el abuso de autoridad contra los particulares, coalición de funcionarios y asociación de malhechores.
Por este caso el Ministerio Público y la PolicÃa Nacional también persiguen a Carlos Daniel Estévez, alias Mendañito, a quien pidieron que se entregue por las vÃas correspondientes.
A través del comunicado de prensa, el Ministerio Público explicó que cuenta con diferentes evidencias, tanto periciales, materiales, testimoniales como documentales que han permitido establecer que presuntamente el grupo planificó y ejecutó la colocación de drogas en dicho establecimiento, por lo que reiteró que la medida de coerción más idónea a imponer en este caso es la prisión preventiva por existir el peligro de fuga.
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