La Comisión Presidencial de Notables, creada mediante decreto número 6-17 por el Poder Ejecutivo, acusó un vicio de origen, desde su composición e integración de una parte de sus miembros y porque su creación viola la institucionalidad del país. En ella hubo miembros que fueron juez y parte.
Hemos insistido, junto a importantes sectores de la vida nacional que el Poder Ejecutivo designe un fiscal independiente que realice una amplia y exhaustiva investigación, cuyos resultados sean creíbles, y tengan crédito no solo para la opinión pública nacional, el pueblo dominicano y la justicia misma, sino también para la opinión pública y la justicia internacional, que ha puesto sus ojos y oídos, y que ha dado seguimiento a este mega entramado mafioso donde participaron 12 países, incluyendo el nuestro, en el voluminoso y fraudulento expediente de la multinacional Odebrecht, que envuelve miles de millones de dólares en sobornos, sobrevaluación y financiamiento de campañas electorales.
El propósito del presidente de la República, al erigir la comisión de notables, era sentar la base de sustentación, apoyo y legitimidad sobre lo que él considera es su mayor dolor de cabeza y su talón Aquiles, en su gestión gubernamental, la cuestionada obra Punta Catalina.
Está claro que el presidente Medina ya entienda que el país no está postrado a sus pies, ni es genuflexo a sus caprichos, instintos y ansias desmedidas de megalomanía por el control absoluto del poder político.
Ahora bien, según la comisión presidencial el periodo de gobierno del 2012 – 2015, está en el limbo, queda desierto, pues ésta libera y exonera de todo ilícito penal, soborno y sobrevaluación a los ejecutivos de Odebrecht funcionarios y legisladores de dicho periodo.
Uno se pregunta por qué dicha comisión no procesó los informes llegados desde la justicia brasileña y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? Son esas instituciones internacionales quienes han suministrado esas informaciones privilegiadas auténticas y originales que dieran Marcelo Odebrecht, Joao Santana, Mónica Moura y otros importantes ejecutivos de dicha multinacional versus la carencia total de investigación objetiva y veraz de la Procuraduría General de la República.
Como el gobierno ha estado a fuego cruzado, trazó un plan orquestado por sus estrategas, el presidente de la República y sus francotiradores, designando como puntal de ese plan la comisión presidencial y ésta “Le tira la toalla” que esperaba el gobierno para librarse de las denuncias de sobornos y sobrevaluaciones. Hoy día los funcionarios y voceros de ese periodo gubernamental (2012-2015) están tranquilos, gozosos y haciendo fiestas, incluyendo los congresistas que aprobaron contratos millonarios para la construcción de las plantas gemelas Punta Catalina.
Momentáneamente ahí ha estado el virtual éxito del presidente Medina, el lograr que la comisión descartara y exonerara de ilícitos penales a todo el que estuviera envuelto en la adjudicación, asignación y contratación de su emblemática, paradigmática y faraónica obra denominada Punta Catalina.
¿Por qué la comisión de notables en su informe fue contradictoria, difusa y llena de opacidad? Veamos algunas razones:
- Porque no se refiere a los terrenos y su arrendamiento por 50 años que contratara el gobierno con el consorcio Vicini.
- No dice nada de la frecuencia con que se aprobaron las adendas en el congreso.
- Tampoco aluden al enigmático “Contratante Teórico Virtual”.
- No socializaron sobre el costo nivelado de energía de una planta a carbón.
- No mencionaron el porqué se produjo por un año el retraso de la obra.
- Y porqué Odebrecht no cumplió con la base de licitación establecida por ley.
A decir verdad, el roll desempeñado por el Procurador General de la República en el caso Punta Catalina ha sido ridículo, vergonzoso y sin la consistencia, coherencia, transparencia, responsabilidad y voluntad política que requiere este tipo de caso.
Me da la razón el planteamiento que hago al jefe del Ministerio Público sobre lo expresado por la magistrada Mirian Germán en su voto razonado y disidente en la audiencia de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, al conocer la medida de coerción de los encartados por el escándalo de Odebrecht, al hacer con la responsabilidad que le caracteriza el siguiente razonamiento jurídico: “sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público, son fruto de delaciones premiadas que han vertido en Brasil, pero una por una, no contiene afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda en el “yo creo, me parece y en algunos aspectos una tajante negativa”.
La magistrada aprovecha su voto disidente para asestar un golpe demoledor a la veleidad del procurador, indicando que “en la etapa actual de este proceso, y con lo aportado para las medidas de coerción se aprecia una dificultad probatoria que de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio a fondo, donde las pruebas deben ser estas que no dejen lugar a dudas razonables”.
Mientras el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez “espera que la decisión de la Suprema Corte de Justicia no afecte la decisión del caso de corrupción de Odebrecht”, la juez Mirian Germán en su voto razonado plantea que “ante el arraigo y la inexistencia del peligro de fuga, me inclino por un tipo de medida de coerción que no es la prisión preventiva ni el arresto domiciliario”.
Tanto la Procuraduría General de la República como la comisión presidencial, en connivencia, se convirtieron en el santuario que catapultó a Odebrecht, ungiéndola y liberándola de todo ilícito penal.
Pero el objetivo claro y preciso de estos dos actores de principalía de ese circo mediático ha sido, exonerar y dejar intacto de toda duda y sospecha de el involucramiento del presidente Medina de ese lodazal y antro de corrupción que ha representado el entramado mafioso de Odebrecht y Punta Catalina.
De todas formas, celebramos el coraje, la valentía, la reciedumbre y la responsabilidad ética y moral de la juez Mirian Germán Brito al emitir su voto disidente en la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, en la audiencia de medida de coerción a los imputados de Odebrecht.
El soberano, que es el pueblo dominicano, en definitiva, será el sumo juez y tendrá la última palabra y emitirá la más gloriosa y justa sentencia.
Sigamos manifestando de manera firme, decidida e indignada nuestro apoyo a Marcha Verde en las calles, proclamando con el corazón henchido de patriotismo El Fin de la Impunidad y la Corrupción.
Lic. Elèxido Paula
Presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD)
